PP y Vox dejan fuera del plan de empleo de València las medidas de discriminación positiva a víctimas de violencia de género

El Ayuntamiento de València de PP y Vox deja fuera del plan de empleo municipal las medidas de discriminación positiva para víctimas de violencia machista. El plan de empleo de 2025, aprobado el pasado 28 de marzo, rescata las bases del año anterior, cuando el grupo ultra vetó la puntuación a mujeres maltratadas, que suponía cinco puntos más en la baremación.

Hasta la entrada de la ultraderecha en el consistorio, que ostenta la concejalía de Empleo, las medidas de acción positiva en favor de las mujeres suponían 5 puntos en la baremación, que “en caso de tener la condición de mujer víctima de violencia de género, acreditada (...) se incrementará en 5 puntos. Máximo 10 puntos”. Vox siempre se ha mostrado contrario a las medidas de discriminación positiva y considera la violencia de género un constructo ideológico, apartando estas políticas de todo espacio cuanto ocupa.

El plan municipal se aprobó en medio de la bronca del grupo ultra, con dos concejales que abandonaron el grupo, y la remodelación de gobierno exprés de María José Catalá. A la citada sesión de la junta de gobierno local no acudió la concejala Cecilia Herrero, que sí mantuvo sus responsabilidades en el gobierno pese a salir de Vox. Sí acudieron, según el acta de la sesión, los concejales de Vox José Gosálbez y Mónica Gil, que recogieron de manera temporal las competencias de Empleo que antes ostentaba Juan Manuel Badenas.

60% de plazas para mujeres

En la sesión del órgano de gobierno se admitió una enmienda de la concejala de Igualdad para reservar plazas a las mujeres, una forma de tratar de compensar la eliminación de los puntos específicos. Según consta en el acuerdo, se establece “que en la convocatoria del Plan Municipal de Empleo 2025, se reserve un 60 % de plazas convocadas para mujeres y un 40 % para hombres, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre Hombres y Mujeres, así como en la Disposición Adicional Primera de la citada Ley, teniendo en cuenta los objetivos y medidas contempladas en el Plan Marco de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de València, y las actuales cifras de desempleo de la ciudad de València”.

El acta refleja la oposición del concejal de Vox a esta reserva, que ejerce actualmente como portavoz, a la enmienda de la responsable de Igualdad. “Hace constar su abstención a la enmienda de adición suscrita por el portavoz del Grupo Municipal Popular y por la concejala delegada de Igualdad el Sr. José Vicente Gosálbez Payá, concejal del Grupo Municipal Vox Valencia”, dice el texto.

Sin embargo, en las bases del plan no se especifica cómo va a gestionarse esa reserva de plazas propuesta por la concejala Rocío Gil, ni a qué plazas se refiere -apenas se repiten las categorías-, ni cómo se va a proceder. El acuerdo resuelve que “las candidaturas que obtengan mayor puntuación, serán propuestas para contratar por el Ayuntamiento de València hasta completar el número de puestos ofertados en cada ocupación o perfil, quedando el resto de candidaturas en situación de reserva por la posibilidad de cubrir vacantes que puedan producirse durante el periodo de la contratación”.

En un escrito del 2 de marzo, la comisión de baremación establece una reserva de plazas por categoría de cotización, donde consta que 148 plazas serán para mujeres. El texto, elaborado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, apunta que se procederá a la baremación de cada grupo de cotización aplicando los criterios de baremación fijados en la base sexta de las bases generales, listando las candidaturas de cada titulación/ocupación por la mayor puntuación obtenida (orden descendente del total de puntos). Es decir, que se realiza la reserva en base a distintos grupos de cotización y salariales y no en base al puesto de trabajo concreto, ya que en gran parte de las ofertas apenas hay una plaza.

El edicto apunta que en los casos en que, de acuerdo con el total obtenido en la baremación, se cubra la reserva de puestos a mujeres, se respetará el orden de puntuación de las candidaturas de acuerdo a la baremación obtenida. En aquellos grupos de cotización, en los que, según la puntuación obtenida, no se cubran las plazas reservadas a mujeres y se encuentre infrarrepresentada la mujer, se procederá a seleccionar a aquellas mujeres con mayor puntuación obtenida hasta que se cubran las plazas reservadas a mujeres mientras existan candidatas mujeres, desplazando a los hombres seleccionados que tengan la puntuación más baja. En aquellos grupos de cotización en los que no existan candidatas mujeres suficientes, no se hará efectiva la reserva de plazas a mujeres y se respetará el orden inicial de la baremación efectuada. 

Para el grupo socialista, la ambigüedad de la redacción puede llevar a impugnar las convocatorias por parte de quienes accedan. “Jurídicamente es complicado porque hay muchos tipos de plazas. Crea inseguridad jurídica y abre la puerta a reclamaciones”, apunta el concejal Javier Mateo. El edil de la oposición critica que el gobierno municipal elimine las medidas de discriminación positiva en un plan pensado para que las personas que lo tienen más difícil puedan reengancharse al mercado laboral. “Era una forma de compensar, de buscar independencia económica”, recuerda.

De hecho, el edicto por el que se aprueba el plan subraya que “la mejora de la empleabilidad de los colectivos con mayor dificultad de inserción laboral, constituye uno de los objetivos prioritarios de las políticas de empleo, por lo que a la vista de las necesidades puestas de manifiesto por diversos servicios municipales, se considera conveniente realizar un plan de empleo, de financiación íntegramente municipal, que facilite la inserción laboral de las personas demandantes de empleo, y en especial, de quienes presentan dificultades específicas de acceso al trabajo”.

El plan municipal de empleo supone la contratación de 247 personas para multitud de perfiles profesionales, con formación superior o titulaciones básicas. Son contratos a jornada completa durante 12 meses e implican una inversión superior a los 3,4 millones de euros al año para el consistorio. La contratación se dirige a personas desempleadas que figuren inscritas como demandantes de empleo en los Espais LABORA de la Generalitat e inscritas en la Agencia de Empleo València Activa.